El pasado 9 de enero aquí se publicó: “Solo atiendo línea del gobernador Barbosa… él me puso, le espetó Amanda Gómez a Salomón Céspedes”.
Pese a que doña Amanda –en los hechos- reprobó en su comparecencia ante los legisladores, pues no supo explicar algo tan elemental: “¿Qué es una Cuenta Pública?”, la orden del entonces inquilino de Casa Aguayo fue que Gómez Nava tenía que ser designada Auditora.
Y así se dio en la sesión Legislativa del 19 de mayo 2022.
Más el destino alcanzó a la oriunda del Estado de México, cuando el 13 de diciembre falleció el mandatario Luis Miguel Gerónimo Barbosa.
Tan la alcanzó que después del pasado 15 de diciembre, día tras día, por su mente transcurre la conversación que tuvo con el entonces presidente de la Junta de Coordinación Política, Sergio Salomón Céspedes:
… “Que quede claro Sergio, solo atiendo indicaciones del gobernador Barbosa”.
… “Él me puso en la Auditoría, no tú”.
Amanda no valoró, ni dio importancia, al respaldo que recibió de los diputados locales, mucho menos del papel toral que jugó Céspedes Peregrina para su designación.
Su soberbia y prepotencia la cegaron.
Y hoy vive una cruda realidad que la sitúa como un ser terrenal, que no “Divino”.
Su hacedor partió al más allá.
Y quien cabildeó en el Congreso su designación e ignoró en múltiples llamadas telefónicas… hoy es el Gobernador Sustituto.
Ni más. Ni menos.
¿DÓNDE ESTÁ AMANDA?
Sirva la anterior reseña para preguntar:
¿Dónde está la responsable de la Auditoría Superior del Estado?
¿Por qué guarda silencio Amanda Gómez Nava?
Ahí está la tormenta que devino del informe presentado por la Auditoría Superior de la Federación –ASF- el cual expuso:
“La ASF encontró irregularidades en cuatro áreas del Gobierno de Puebla, y una del Ayuntamiento de la Capital, por 3 mil 163 millones 111 mil pesos, cometidas durante el ejercicio Fiscal 2021.
¿Y ella qué tiene ver?
Casi nada.
Veamos.
En octubre de 2020 el Ejecutivo Estatal la designó Secretaria de la Función Pública del Gobierno del Estado, cargo que ocupó hasta la primera quincena de mayo del 2022.
O sea, durante un año y seis meses fue la “Contralora” y responsable directa del manejo, uso y destino transparente de los recursos que maneja cada una de las 17 secretarías, instituciones y organismos del gobierno, de los 217 ayuntamientos, como de las dependencias descentralizadas.
Y las irregularidades que encontró la Auditoría Superior de la Federación al Gobierno de Puebla corresponden al ejercicio Fiscal 2021.
Y doña Amanda en 2021 era la “temida” Secretaria de la Función Pública.
Entonces, ¿qué pasó?
¿No supervisó ni evaluó los programas gobierno?
¿No vigiló el manejo de los recursos destinados a cada dependencia?
¿No llevó a cabo auditorías del gasto y programas; no hubo medición de parámetros?
¿Qué hizo cada uno de los “Delegados” de la Secretaría de la Función Pública tiene en cada Secretaría?
Porque de conformidad con la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado a la Función Pública le corresponde “auditar e inspeccionar el ejercicio del gasto público estatal y su congruencia con la Ley de Egresos del Estado, así como la debida adecuación del marco normativo que debe regir su ejercicio y el cumplimiento de los objetivos de la planeación; concertar con las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal y solicitar a la autoridad competente o a terceros, dictámenes, peritajes, avalúos”.
Asimismo, “coordinarse con los órganos de control administrativo, o sus correlativos de los Poderes Legislativo y Judicial del Estado, de los Poderes de la Federación, así como de los municipios, para el eficaz cumplimiento de sus atribuciones suscribiendo los convenios correspondientes, así como establecer colaboración con las autoridades investigadoras en términos de la legislación aplicable”.
Ahí no termina su responsabilidad.
¿Qué ha hecho durante los 9 meses -19 de mayo 2022 al corte de hoy, 24 de febrero 2023- que lleva al frente de la Auditoría Superior del Estado?
¿Qué seguimiento tiene de cómo se desarrollan los programas gubernamentales, dónde hay fallas o deficiencias?
¿Hay vigilancia de que se utilicen recursos con eficiencia y eficacia?
¿Previó fallas?
¿Las detectó?
Porque hay un hecho real:
La Auditoría Superior de la Federación no hubiera emitido el dictamen de irregularidades y anomalías por 3 mil 163 millones de pesos encontradas al Gobierno de Puebla… si la Auditorías Superior del Estado las hubiera detectado antes del cierre de la Cuenta Pública 2021.
¿O no es así, doña Amanda?
Por cierto, por qué no fue convocada la Auditora Gómez Nava a la rueda de prensa que dieron ayer los secretarios de Finanzas y de la Función Pública, María Teresa Castro Corro y Juan Carlos Moreno Valle Abdala, para anunciar que el Gobierno de Puebla tiene 30 días hábiles para justificar las observaciones que hizo la ASF a la administración, a partir de que se tenga la notificación oficial.
A todo ello:
¿Dónde quedó el combate a la corrupción que “abanderó” Barbosa Huerta durante 3 años, 3 meses y 13 días de su gobierno?
Porque el informe de la Auditoría Superior de la Federación desnuda la gestión gubernamental barbosista.
¿Alcanzarán 30 días para tapar el “hoyo negro” de 3 mil 163 millones que dejó de “herencia” Luis Miguel Gerónimo a Sergio Salomón?
¿O “rodarán cabezas”?
Al tiempo.
