Por: Jorge Pinto Tepoxtecatl
El discurso de odio en redes sociales ha dejado de ser un fenómeno marginal para convertirse en una práctica cotidiana peligrosamente normalizada. Este proceso no es inocuo: erosiona la dignidad humana y tensiona los cimientos del Estado democrático de derecho en el entorno digital.
La Organización de las Naciones Unidas define el discurso de odio como cualquier tipo de comunicación, ya sea oral o escrita, así como conductas que atacan o emplean lenguaje peyorativo o discriminatorio contra una persona o grupo en razón de su identidad.
El discurso de odio en redes sociales vulnera la dignidad de las personas al discriminarlas por género, discapacidad, raza, color, complexión, creencias, edad, ideas políticas, opiniones, orientación o preferencias sexuales, pertenencia a pueblos originarios, condición de migrante o de refugiado, entre otros factores. Este puede materializarse en diversas formas de expresión, incluidas imágenes, videos, caricaturas, ilustraciones, memes, objetos, gestos y símbolos.
De acuerdo con ProfileTree, agencia digital con sede en Belfast, el discurso de odio en redes sociales no afecta de manera uniforme a todos los grupos. La evidencia demuestra que ciertas comunidades enfrentan una carga desproporcionada de acoso en línea, y la intersección de múltiples características protegidas incrementa significativamente el riesgo:
- Las mujeres de color en el ámbito público del Reino Unido tienen un 84 % más de probabilidades de recibir contenido abusivo que sus homólogas blancas (Amnistía Internacional Reino Unido).
- Las personas LGBTQ+ reportan tasas significativamente más altas de acoso dirigido en comparación con la población general (Liga Antidifamación).
- Las comunidades romaníes, personas de ascendencia africana y encuestados musulmanes se encuentran entre los grupos más estudiados en investigaciones en toda la Unión Europea (FRA, 2023).
- El 12 % de los adolescentes estadounidenses afirma encontrarse con discursos de odio racistas en redes sociales “con frecuencia” (Pew Research Center, 2021).
- El 44 % de las mujeres periodistas que sufrieron acoso en línea manifestaron sentirse menos seguras al expresarse en internet (Amnistía Internacional, 2021).
Al ejercer la libertad de opinión o expresión, cuando esta incorpora mensajes de odio, muchos creen —equivocadamente— que están ejerciendo plenamente sus derechos humanos y que estos no admiten límites. Sin embargo, se omite considerar la relación intrínseca entre derechos y deberes. La Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 32.2, establece que los derechos de cada persona están limitados por los derechos de los demás, la seguridad de todos y las justas exigencias del bien común en una sociedad democrática.
Esto implica que los derechos humanos no son absolutos, sino que se encuentran delimitados por los derechos de terceros. Solo en un escenario hipotético de aislamiento absoluto podrían ejercerse sin restricciones, lo cual resulta incompatible con la vida en sociedad.
Erradicar el discurso de odio en redes sociales exige actuar con responsabilidad en el ejercicio de la libertad de expresión. De lo contrario, se corre el riesgo de causar daños a otras personas y de contribuir a la polarización, el desprecio, la discriminación y la exclusión.
El derecho a la igualdad y el principio de no discriminación están reconocidos en diversos instrumentos internacionales, como la Carta de las Naciones Unidas, la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) y la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, 1979). En el ámbito nacional, la Constitución establece en sus artículos 1º y 4º la prohibición de toda forma de discriminación, así como la igualdad entre mujeres y hombres.
Asimismo, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos dispone en su artículo 20:
- Toda propaganda en favor de la guerra estará prohibida por la ley.
- Toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituya incitación a la discriminación, la hostilidad o la violencia estará prohibida por la ley.
Sin embargo, la brecha entre norma y realidad sigue siendo profunda. La regulación del espacio digital, la actuación de las plataformas tecnológicas y la eficacia de los mecanismos de protección judicial aún enfrentan desafíos significativos.
Frente a ello, la respuesta no puede ser únicamente sancionar la conducta. Se requiere una estrategia integral que combine regulación, educación y cultura democrática. La educación, en particular, juega un papel decisivo: formar ciudadanía crítica, plural y consciente de los límites éticos del lenguaje es una condición indispensable para revertir esta tendencia.
El desafío es mayúsculo: defender la libertad sin permitir que se convierta en vehículo de odio. En esa tensión se define, en buena medida, el futuro de nuestras democracias.
- Es Doctor en Derecho y miembro del (ILO)Instituto Latinoamericano del Ombudsman-Defensorías del Pueblo.
- Sígueme en Instagram: jorgepinto_9 / X: @apjorge / Facebook: Jorge Pinto / TikTok: @jorge.pinto89
