Por: Jorge Pinto Tepoxtecatl
“El 28 de junio de 1995, alrededor de las 10:30 de la mañana, 150 integrantes de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS) procedentes de Tepetixtla, Guerrero, se trasladaban en dos camionetas de redilas hacia Atoyac, Guerrero. El propósito era exigir presentación con vida de uno de sus integrantes Gilberto Romero Vázquez, que hasta el momento se desconoce su paradero. El primer transporte fue detenido por un grupo de policías y agentes judiciales del estado en un vado cercano a Aguas Blancas, ubicado en Coyuca de Benítez, Guerrero. Los pasajeros fueron obligados a descender y recibieron golpes por los agentes gubernamentales, y luego los tumbaron en el suelo. Cuando llegó el segundo vehículo el procedimiento se repitió, pero antes de que las personas terminaran de descender, varios policías y agentes judiciales les dispararon durante casi 20 minutos. Mientras les daban el tiro de gracia, les gritaban: “Esto les pasa por mitoteros” y “Para que no anden de escandalosos”. En esa emboscada, 17 personas fueron asesinadas y 21 fueron heridas; 2 elementos policiacos resultaron lesionados por arma blanca.
Después del asesinato, los policías obligaron a los y las sobrevivientes a regresar a sus pueblos. Luego, se dieron a la tarea de colocar armas a los muertos, para fundamentar la versión de que se había producido un “enfrentamiento”.6 Esa noche, los noticieros estatales difundieron esa versión “oficial” y mostraban las pistolas sembradas en las manos de algunos de los asesinados. El objetivo de la campaña mediática era convencer al pueblo de México de que las víctimas habían propiciado la violencia. Por tal motivo, las y los integrantes de la OCSS fueron estigmatizados por el gobierno estatal, que los etiquetó como guerrilleros, lo que menoscabó su defensa de derechos humanos al territorio y a la protección de los bosques”.
La masacre de Aguas Blancas, ocurrida el 28 de junio de 1995, debe ser atraída por la Corte Penal Internacional y catalogada como un crimen de lesa humanidad; por lo tanto, es imprescriptible. Es así como, a pesar de haber transcurrido 31 años de esos atroces hechos, los funcionarios de alto nivel que ordenaron ese crimen deben ser investigados y sancionados.
Asimismo, la masacre de Aguas Blancas debe abordarse en el ecosistema de la justicia transicional. Al respecto, Juan E. Méndez sostiene que, cuando un gobierno está enfrentando un legado de atrocidades —aun perteneciendo a un régimen democrático formal—, tiene las siguientes obligaciones:
- De investigar, juzgar y sancionar a los perpetradores.
- De revelar a las víctimas, a sus familiares y a la sociedad entera todo lo que pueda ser confiablemente esclarecido sobre los hechos.
- De ofrecer a las víctimas las reparaciones debidas.
De igual forma, en el abordaje de la justicia transicional y siguiendo a Juan E. Méndez, las víctimas tienen los siguientes derechos:
- A recibir justicia.
- A conocer la verdad.
- A recibir compensaciones y otras formas de restitución no monetaria.
- A tener instituciones nuevas, reorganizadas y responsables.
Es importante señalar que un ejercicio de justicia transicional requiere una investigación mucho más amplia que una sanción penal en contra de un individuo; requiere de otros elementos como los que ofrecen las Comisiones de la Verdad, las cuales permiten contar con un análisis de las causas y consecuencias de los conflictos. Las Comisiones de la Verdad construyen la historia del conflicto identificando las causas, lo que puede coadyuvar a evitar problemas futuros.
Debido a su perspectiva más amplia, las Comisiones de la Verdad tienen mayor flexibilidad para tratar temas que los tribunales no pueden abordar con tanta facilidad, tales como la justicia de género o el desarrollo; además, pueden formular recomendaciones de reforma institucional, como la creación de una Comisión de Derechos Humanos o un programa de reparaciones, entre otros.
En el caso de Aguas Blancas, así como en los demás casos que han ocurrido en nuestro país durante el siglo pasado y lo que va de este, de lo que se trata es de que los Estados cumplan con la obligación de investigar, procesar y sancionar. Esto asegurará que, en un tiempo razonable, se haga efectivo el derecho de las víctimas o sus familiares a saber la verdad de lo sucedido y se sancione a los eventuales responsables, sin que se proteja a los funcionarios de gobierno de más alto nivel.
- Es Doctor en Derecho y miembro del (ILO)Instituto Latinoamericano del Ombudsman-Defensorías del Pueblo.
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