Por: Jorge Pinto Tepoxtecatl
La privación de la libertad de los mineros que ocurrió en Concordia, Sinaloa, y que algunos de ellos ya fueron encontrados sin vida, tiene varias lecturas, como: que el estado de derecho está fisurado y requiere de manera inmediata una intervención quirúrgica para su restitución, sin embargo, no es una tarea fácil, pues las estadísticas de la violencia que privan en el país, implican un redireccionamiento de 360 grados para llevar a cabo una profunda restructuración en la administración pública y con ello un número significativo de reformas legislativas acompañadas de políticas públicas para garantizar eficazmente los derechos fundamentales de la población.
De acuerdo con el Instituto para la Economía y la Paz, México, en su último informe: Índice de Paz México 2025. En la última década, México ha experimentado un aumento en las formas domésticas de crímenes de la delincuencia organizada, en particular el narcomenudeo y la extorsión. Las extorsiones han aumentado 45.5% desde 2015, mientras que los delitos de narcomenudeo se han incrementado en más de 161%. Aunque tradicionalmente se ha considerado a México como un país productor o de tránsito de drogas con destino a Estados Unidos, el mercado interno de drogas ha crecido en los últimos años. Se ha observado un aumento significativo en la cantidad de mexicanos que buscan tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas como metanfetamina y éxtasis, incluso mientras el consumo de sustancias como el alcohol y la marihuana parece estar disminuyendo.
El año 2024, fue el más letal del que se tenga registro para figuras políticas en México. Se contabilizaron al menos 201 asesinatos con motivación política en 2024, y aproximadamente una quinta parte de las muertes ocurrieron en el mes previo a la elección. Los datos de los últimos tres ciclos electorales muestran que la violencia política tiende a intensificarse justo antes de cada jornada electoral. La gran mayoría de las víctimas de la violencia política son actores que operan a nivel municipal. Esto se debe a la importancia sustancial que el poder local tiene para los grupos de la delincuencia organizada. Se ha identificado una tendencia creciente de personas reportadas como desaparecidas en todo el país, lo que ha generado niveles crecientes de alarma e indignación. Desde 2010, se han registrado aproximadamente 292,000 casos de personas desaparecidas en México, y más de la mitad de estos casos ocurrieron en los últimos seis años. Paralelamente, el aumento en el hallazgo de fosas comunes y entierros clandestinos en todo el país sugiere que muchas de estas personas desaparecidas han sido probablemente víctimas de homicidio. Esta práctica, junto con el entierro clandestino de los cuerpos, ha sido particularmente frecuente en Jalisco. Desde 2006, un tercio de los cuerpos hallados en fosas clandestinas en México se han encontrado únicamente en ese estado.
El costo económico de los niveles extremos de violencia en México es alarmante. En el 2024, el impacto económico de la violencia aumentó por primera vez desde 2019. En 2024, se estimó que el impacto económico de la violencia fue de 4.5 billones de pesos (USD 245 mil millones), equivalente al 18 % del PIB de México. En términos per cápita, el impacto fue de 33,905 pesos, más que el salario mensual promedio de un trabajador mexicano. En 2024, el impacto aumentó 3.4 %, o 149 mil millones de pesos. El gasto de México en seguridad pública y en el sistema de justicia se encuentra muy por debajo de los niveles regionales e internacionales. En 2024, México destinó el 0.7 % de su PIB a estos rubros, menos de la mitad del promedio tanto de América Latina como de los países de la OCDE.
Estas cifras forman parte del extenso informe que presentó el Instituto para la Economía y la Paz, México en el 2025, que nos permite hacer una reflexión profunda sobre el fenómeno de la violencia que priva en el país. Considero que, todos jugamos un rol importante que requiere una mayor inversión en educación, seguridad, en impartición de justicia, erradicar la corrupción de todos los espacios del sector público, promover la ética y la cultura de la legalidad, mayor cooperación internacional, generar oportunidades de empleo, crecimiento y desarrollo para los jóvenes.
- Es Doctor en Derecho y miembro del (ILO)Instituto Latinoamericano del Ombudsman-Defensorías del Pueblo.
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