Por: Jorge Pinto Tepoxtecatl
Este 15 de junio se conmemora el Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez, con el propósito de visibilizar y erradicar el maltrato hacia las personas mayores.
Las personas senectas constituyen un sector sumamente vulnerable, susceptible de sufrir explotación y violencia, por lo que requieren una política pública seria por parte del gobierno, con enfoque de derechos humanos y perspectiva de la senectud, observando las múltiples vejeces que comprenden a mujeres, personas con discapacidad, personas de diversas orientaciones sexuales e identidades de género, personas migrantes, personas en situación de pobreza o marginación social, afrodescendientes, integrantes de pueblos indígenas, personas sin hogar, personas privadas de la libertad, miembros de pueblos tradicionales y de grupos étnicos, raciales, nacionales, lingüísticos, religiosos y rurales, entre otros. Sin embargo, todos comparten un factor común: tienen sesenta años o más en los países en desarrollo, o sesenta y cinco años o más en los países desarrollados. https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/13/6418/1.pdf
De acuerdo con la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, en su artículo 3, fracción I, se establece que:
«Personas adultas mayores: son aquellas que cuenten con sesenta años o más de edad y que se encuentren domiciliadas o en tránsito en el territorio nacional».
La vejez es una etapa a la que todo ser humano anhela llegar con buena salud, solvencia económica, acceso a servicios médicos y posibilidades de esparcimiento, entre otros aspectos. Sin embargo, la realidad es distinta para cada persona mayor. En muchos casos existen carencias en la salud física y mental, dependencia, disminución de la productividad y, por ende, una mayor vulnerabilidad. Esta visión es la que suele prevalecer en el imaginario colectivo, motivo por el cual investigadores del más alto nivel han concluido que “la vejez ya no llega con la edad, sino con la dependencia”.
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/13/6418/1.pdf
Es así como, desde la perspectiva de los derechos humanos, debe brindarse protección a las personas adultas mayores y abordarse el envejecimiento desde las distintas vejeces previamente señaladas, con el objetivo de empoderar a este sector de la población.
Las vejeces constituyen un grupo históricamente marginado en México y en muchas partes del mundo. Su condición de salud y situación económica incrementan su vulnerabilidad y, en muchos casos, los bajos niveles educativos dificultan su permanencia en actividades productivas, quedando sujetas al cuidado de terceros, circunstancia que con frecuencia puede derivar en abusos por parte de hijos, familiares o de quienes asumen su atención.
El incremento del envejecimiento poblacional y la desigualdad económica poseen un importante componente generacional. Además, la aceleración del envejecimiento de la población, junto con los cambios demográficos, sociales y estructurales, puede agravar las desigualdades que enfrentan las personas mayores.
https://www.un.org/es/events/olderpersonsday
El envejecimiento poblacional en América Latina y, particularmente, en México, obliga a atender este fenómeno con apoyo del derecho gerontológico, entendido como la rama jurídica que tiene como sujetos de protección a las personas mayores y que incorpora diversos enfoques para atender la realidad de las múltiples vejeces.
De igual forma, ello implica afrontar importantes retos, entre los que destacan: destinar mayores recursos económicos para crear infraestructura y modernizar los servicios de salud; mejorar la atención médica especializada y el abastecimiento de medicamentos; contar con un censo de salud de las personas senectas; fortalecer la atención urgente ante complicaciones derivadas de enfermedades crónicas o terminales; capacitar de manera permanente a los servidores públicos y operadores jurídicos en perspectiva de la senectud; facilitar el acceso a la justicia para las personas adultas mayores; y promover en todo el país la separación de las procuradurías de protección de las personas adultas mayores de los sistemas para el desarrollo integral de la familia, a fin de que cuenten con presupuesto propio y mayores capacidades institucionales para atender a este sector de la población, entre otras acciones.
- Es Doctor en Derecho por la BUAP y miembro del Instituto Latinoamericano del Ombudsman.
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