Por: Jorge Pinto Tepoxtecatl
El pasado 18 de septiembre entró en vigor la nueva regla de «carga pública» impuesta por la administración del presidente Donald Trump en Estados Unidos. Esta medida consiste en la evaluación discrecional por parte de las autoridades migratorias para determinar si una persona podría depender del apoyo económico gubernamental. Con base en este criterio, al solicitar una residencia permanente o una visa, los funcionarios examinan factores como edad, ingresos, estado de salud, nivel educativo y red de apoyo familiar. A partir de dicha información, el gobierno estadounidense puede denegar la solicitud bajo el supuesto de «inadmisibilidad por carga pública».
Sin duda, esta disposición desincentivará el flujo de personas que buscan el llamado «sueño americano», propiciando que las corrientes migratorias se reorienten hacia nuevos destinos para rehacer su vida o para acceder a empleos que les permitan enviar remesas a sus familias en los países de origen.
De hecho, esta tendencia ya muestra precedentes: por primera vez en décadas, Estados Unidos registró un saldo migratorio negativo en 2025, al registrarse la salida de más personas de las que ingresaron al territorio nacional. Así lo destacó un informe publicado en enero de 2026 por la Brookings Institution, el cual evidencia las consecuencias directas de la política restrictiva de la Casa Blanca.
Es crucial recordar que las causas de la migración responden a factores estructurales: crisis económicas, dinámicas culturales, guerras, exilio forzado e incluso el impacto del cambio climático. Asimismo, en múltiples casos, el desplazamiento es resultado del fracaso de las políticas públicas, la inseguridad y los altos niveles de corrupción en los países de origen. Por ello, lejos de criminalizar o responsabilizar a las personas migrantes, resulta indispensable comprender que se encuentran en una lucha legítima por su supervivencia.
Al respecto, el Relator Especial sobre los Derechos Humanos de los Migrantes de la ONU ha advertido que las actuales políticas restrictivas en diversos países occidentales son la causa directa de recurrentes violaciones a los derechos humanos de la población no nacional.
Por todo lo anterior, la Organización de los Estados Americanos (OEA) debería exhortar formalmente al gobierno estadounidense a respetar los derechos fundamentales de la comunidad migrante. Asimismo, resultaría indispensable invitarlo a ratificar la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como a firmar y ratificar la Declaración y el Programa de Acción de Durban —adoptados por consenso en la Conferencia Mundial contra el Racismo, la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia—, armonizando dichos instrumentos con sus leyes internas para erradicar cualquier práctica discriminatoria.
En esa misma línea, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) tendría que demandar que Estados Unidos reconozca y se adhiera a los objetivos del Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular. Entre estos compromisos destacan: minimizar los factores adversos y estructurales que obligan a las personas a abandonar sus hogares; prevenir, combatir y erradicar la trata de personas; fortalecer la protección y asistencia consular a lo largo de todo el ciclo migratorio; facilitar el retorno y la readmisión en condiciones de seguridad y dignidad, y consolidar alianzas globales para una gobernanza migratoria con enfoque de derechos humanos.
«Si bien los países tienen el derecho soberano de decidir las condiciones de entrada y residencia en sus territorios, también tienen la obligación de respetar, proteger y cumplir con los derechos humanos de todas las personas que estén bajo su jurisdicción».
— Relator Especial sobre los derechos humanos de los migrantes y el Comité sobre los derechos de los trabajadores migratorios.
- Es Doctor en Derecho y miembro del (ILO) Instituto Latinoamericano del Ombudsman-Defensorías del Pueblo.
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