Por: Jorge Pinto Tepoxtecatl
En América Latina se lavan cada año alrededor $400 mil millones de dólares, a través de actividades como la corrupción (desvío de recursos económicos públicos, tráfico de influencias, extorción, cohecho, entre otros), evasión fiscal, narcotráfico, trata de personas y uso de empresas que facturan operaciones simuladas, de acuerdo con el Índice AML de Basilea 2025.
El lavado de dinero tiene sus antecedentes en la década de 1920, cuando en Estados Unidos de América era la época de los gangsters y la llamada ley seca, en Chicago un grupo de delincuentes con negocios de alcohol, drogas, juegos y otras actividades ilícitas compraron una cadena de lavanderías donde al final del día se reunían y juntaban las ganancias obtenidas ilícitamente las cuales aparentaban ser del negocio de las lavanderías, de ahí se desprende el término de “Lavado de Dinero” (Córdova Gutíerrez & Palencia Escalante, 2001).
Años más tarde, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) conceptualizaría este fenómeno como el procesamiento de las ganancias derivadas de actividades criminales para disfrazar su origen ilícito, permitiendo a la delincuencia gozar de sus beneficios sin arriesgar la fuente que los genera.
Sin embargo, el lavado de dinero no es únicamente un delito financiero o una cifra en los balances contables; es un fenómeno con un costo humano devastador que erosiona de manera directa el disfrute de los derechos fundamentales, ensañándose con los sectores más vulnerables. Cada dólar que se blanquea representa un recurso que se descuenta del bienestar social: se dejan de construir y equipar hospitales, escasean las medicinas en los sistemas de salud pública y se vulnera el derecho a la educación al frenar la infraestructura escolar y la contratación de docentes.
A la par, la infiltración de estos recursos distorsiona el mercado laboral, precarizando los empleos con jornadas extensas y salarios insuficientes que acentúan la desigualdad económica. El vaciamiento de las arcas públicas y la consecuente inflación reducen el poder adquisitivo de las familias, mientras que la violencia asociada al crimen organizado desencadena desplazamientos forzados, homicidios, explotación sexual y tráfico de órganos. En última instancia, la opacidad financiera provoca el colapso del sistema judicial, estrangula el acceso a la justicia y ahuyenta la inversión productiva. En suma, el blanqueo de capitales empobrece y desmantela a las naciones.
Frente a esta amenaza, México cuenta con un ordenamiento específico: la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (conocida popularmente como «Ley contra el lavado de dinero»). No obstante, a pesar de contar con una estructura jurídica robusta, el verdadero reto reside en fortalecer las capacidades operativas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para garantizar una persecución efectiva del delito.
Dado que la delincuencia organizada opera a escala global, la respuesta institucional también ha requerido de la cooperación multilateral. Desde finales del siglo XX, la comunidad internacional ha construido un andamiaje regulatorio mediante instrumentos emblemáticos como la Declaración de Basilea (1988); la Convención de Viena de las Naciones Unidas (1988); los informes del GAFI (1990); el Convenio Estrasburgo (1990); la Directiva de la Comunidad Económica Europea (1991); el Plan de Acción de Buenos Aires (1995); la Declaración Política de la ONU sobre Drogas (1998); y los Principios de Wolfsberg (2000).
Pese a este vasto catálogo de tratados, la geografía del dinero sucio presenta paradojas preocupantes. Según el Índice de Secreto Financiero (Financial Secrecy Index), los Estados Unidos se han consolidado como el principal destino global para el lavado de dinero a través del sector inmobiliario. Las laxas leyes de transparencia e identificación de beneficiarios finales en dicha nación le valieron la peor calificación posible en la medición de propiedad inmobiliaria, situándose junto a Canadá en la cúspide de la opacidad inmobiliaria global.
El lavado de dinero es, en definitiva, un cáncer social que debe ser extirpado de raíz para que la exigibilidad de los derechos humanos sea una realidad tangible. Mientras prevalezca la impunidad financiera, el Estado de derecho continuará siendo una ficción, la economía se mantendrá endeble y la pobreza seguirá cobrando factura a las poblaciones más desprotegidas.
- Es Doctor en Derecho y miembro del (ILO)Instituto Latinoamericano del Ombudsman-Defensorías del Pueblo.
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